El ministro, las macrogranjas y el consumo
Las declaraciones de Alberto Garzón sobre la carne producida en España, exportada en una gran proporción, siguen encendiendo el debate político y, como era de esperar, multiplicándose por las redes sociales. La opinión del ministro ha recibido duras críticas, atribuyéndole una descalificación general de la ganadería española, especialmente relevante por haberla manifestado en un periódico inglés. Sus defensores se dividen entre quienes comparten sus afirmaciones y quienes dicen que todo es un bulo intencionado de la derecha, basado en una descontextualización.
En este asunto se cruzan muchas cosas y se está embarullando todo más allá de lo necesario, en un contexto de tal nivel de crispación que no se puede hablar de nada con sensatez. Al margen de lo que opinemos de la oportunidad de las declaraciones o del propio ministro personalmente, podríamos aprovechar la ocasión para iniciar un debate veraz y real sobre la industrialización del sector ganadero y la desaparición de la ganadería tradicional o su precario estado en muchas regiones. Además, estamos inmersos en una crisis ambiental, con escasez de agua y pérdida de biodiversidad, en la antesala de una catástrofe climática. Eso nos obliga, como todo el mundo sabe y se reafirmó en la reciente Cumbre de Glasgow, a cambios en el modelo de producción y de consumo, incluyendo la alimentación. Pero esa discusión es imposible en España.
Aquí, desde la muerte de Franco y la transición, nunca hubo hasta ahora un gobierno de coalición al frente del estado, aunque sí los hubo en algunas comunidades autónomas y, como sucedió en el País Vasco, tuvieron una buena ejecutoria. Pero la coalición del PSOE y Unidas Podemos que gobierna hoy fue vista poco menos que como ilegítima desde el principio. La prensa de derechas, que es muy mayoritaria, acuñó aquello del gobierno Frankenstein, mientras que en democracias más avanzadas que la española hacen símiles con colores, con banderas o con frutas, algo mucho menos denigrante. Y en esa denigración siempre estuvieron en el punto de mira los ministros morados, tildados de incompetentes respaldados por un Pedro Sánchez agarrado al sillón.
Los políticos españoles y muchos informantes deberían viajar y leer más. Si hacemos una comparativa con otros países lo de este gobierno no es para tanto. Lo ha demostrado con la reforma laboral, con el acuerdo de los sindicatos y la patronal y la oposición, inexplicable, del Partido Popular. Una reforma del marco laboral fue imposible de sacar adelante de forma consensuada desde los Pactos de la Moncloa, aunque sí bajo gobiernos de mayoría absoluta, bien del PSOE, bien del PP. Es cierto que Sánchez preside un gobierno de 22 ministerios, que es algo desproporcionado, obligado por una necesidad de reparto. El PSOE asumió las carteras importantes y, para contentar a los socios, tuvo que inventar ministerios o dividir algunos ya existentes. Y es más que posible que un ministerio de consumo no tuviera ningún sentido, separado de sanidad y dejando alimentación en agricultura, lo que condenaba a su titular a la inactividad y a ser objeto de la burla de los partidos y los medios de oposición, tildándolo de ministro cuota. Garzón estaba condenado, hiciera lo que hiciera, a ser un muñeco del pimpampún. Y, encima, él lo puso muy fácil en demasiadas ocasiones. Muchos lo han ridiculizado como un oyente en el consejo de ministros, como dijeron de Manuel Castells, aunque éste estaba protegido por su largo y brillante historial profesoral e investigador, mientras que Garzón es un hombre joven sin gran curriculum, aunque más presentable que el del propio Sánchez y no digamos nada si lo comparamos con el de Pablo Casado. En ese perfil ridiculizado, su única misión sería cavilar sobre qué decir para que su voz se oyera. Lo ven como empantanado en una especie de síndrome de Eróstrato, aquel pastor de Éfeso que incendió el templo de Artemisa con la única intención de pasar a la historia.
Hablemos, concretamente, de lo que dijo Alberto Garzón. ¿Cuáles fueron sus declaraciones exactamente? ¿O todo fue, como dicen algunos miembros de Izquierda Unida y de Podemos, un bulo de la derecha que parte de una descontextualización de las declaraciones? Yo, personalmente, no me enteré del asunto hasta hace unos días, justamente cuando se armó este follón. No soi seguidor habitual de The Guardian y, claro, no leí la entrevista. Y me parece que casi nadie la había leído, dado que las reacciones tardaron en aparecer varias semanas. Y me temo que muchos, defensores y detractores, no la han leído todavía hoy. Por mi parte, aunque con retraso pero por responsabilidad, eché unos minutos leyéndola.
Los críticos han sacado frases de su contexto y lo han hecho con una total parcialidad, siguiendo las directrices de los potentes grupos de presión de la industria cárnica y de las asociaciones agrarias más reaccionarias. Fueron estos grupos los que hicieron un cortapega de la entrevista y la remitieron a quien les pareció. De hecho, es muy visible que los términos empleados por Casado, Fernández Mañueco, García-Page, Lambán y muchos columnistas son claramente una traslación desde el inglés realizada por un mismo traductor. Sorry, but the words in the interview were these: "hay que diferenciar entre la ganadería industrial y la ganadería extensiva. Ésta es una ganadería ecológicamente sostenible y que tiene mucho peso en determinadas regiones de España, como puede ser Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura. Esta es sostenible, la que no es en ningún momento sostenible es la de las que llaman macrogranjas".
Del mismo modo, la recurrencia a un rancio españolismo también es común a las críticas más duras y, a la vez, claramente menos cualificadas, recibidas por el ministro. Se incide, por ejemplo, en que resulta incomprensible que un miembro del gobierno de España conceda una entrevista a un diario extranjero para poco menos que difamar a la ganadería española, cuando su deber sería el de dar soluciones a los problemas de su país y no denunciarlos. Algunos, son varios, sí buscaron en internet para fijarse en la fotografía: un ataque en Gran Bretaña a los productos cárnicos españoles ilustrado con unos excelentes jamones provocan que, en el mejor de los casos, una crítica a una parte perjudique al todo.
Pero los defensores de Garzón, que tal parece que tampoco leyeron el texto original, empezaron hablando de bulo para, más tarde, según iban recibiendo argumentos por parte de gente que sabe del tema, convirtir al ministro en un defensor del ecodesarrollo. Ya no era un bulo sino una argumentación perfectamente estructurada. Pero, una vez dicho esto, está claro que unos tienen de su parte la razón de fondo y otros no.
La postura del PP entra dentro de la lógica, especialmente cuando estamos en plena campaña electoral en Castilla y León, aunque muestra una burda hipocresía frente a un ministro que hace eso que, lo mismo que Vox, tanto dicen valorar por encima de todo: hablar "con libertad" y "sin complejos". También pesa en las derechas el hecho de que The Guardian está considerado como uno de los diarios clásicos de la izquierda británica. Pero es particularmente llamativa la dureza de algunos notables socialistas. Además, el presidente ha desautorizado a Garzón, aunque con la boca pequeña, y el ministro de agricultura, Luis Planas, ha tildado de "poco oportunas" las declaraciones de su compañero de gabinete. Lo curioso es que Luis Planas aseguró el pasado 21 de abril en el congreso de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos que elaboraría un decreto ley para regular el tamaño de las granjas de vacuno, en el marco de un modelo, textualmente, "familiar y profesional". Por otra parte, el gobierno de Sánchez, del que forman parte tanto Planas como Garzón, reguló en febrero de 2020 las granjas porcinas y en julio de 2021 las avícolas, y lo hizo con esos mismos criterios.
La inquina hacia Unidas Podemos de personajes como Emiliano García-Page es conocida, llegando al mal gusto de su frase de que "cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo", que es una forma de decir que Garzón es un ministro oyente o de cuota, justificando la exigencia del PP de que Sánchez provoque una crisis de gobierno. Y es más llamativo el asunto cuando el gobierno que preside, el de Castilla la Mancha, está aplicando medidas que van en la línea de lo defendido por Garzón. Concretamente, hace tres semanas, justo al mismo tiempo de las declaraciones del ministro, García-Page anunciaba una moratoria pra prohibir la construccion de macrogranjas y la ampliación de las existentes hasta 2024.
La misma Televisión Española emitió hace unos meses un reportaje en Informe Semanal sobre la lucha de los vecinos de Noviercas, un pequeño pueblo de Soria de la zona del Moncayo, contra la instalación de la mayor macrogranja de Europa. En la propia página web de la cadena pública puede verse lo que significaría ambiental y territorialmente poner en marcha la explotación.
Sin embargo, el discurso de quienes impulsan o permiten estos proyectos es el de representar un enfrentamiento entre urbanitas pijos con su ecologismo de ricos frente a una sociedad rural a la que no comprenden y que sufre desempleo y despoblación. Es el mismo discurso y de, más o menos, los mismos agentes que hace años lograron en algunos casos enfrentar a los agricultores y ganaderos con los defensores de la creación de parques u otros espacios protegidos. Hoy, en la inmensa mayoría de los casos, a los municipios afectados no se les ocurre pedir la desprotección del espacio, aunque sí un replanteamiento de algunos extremos.
No obstante, nada me sorprende de García-Page, conociendo su trayectoria política y su posición ideológica desde siempre, pero sí me sorprendió la crítica a Garzón por parte del presidente aragonés, Javier Lambán, que presentó hace unos meses un proyecto de ley para proteger la agricultura familiar y, textualmente, "el patrimonio agrario de Aragón". En el texto podemos leer que la ganadería intensiva pone en peligro la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad socioeconómica. En definitiva, acaba poniendo en cuestión las explotacioines ganaderas intensivas, cosa que también hay que matizar.
Aquí, como viene siendo habitual en el lenguaje político y periodístico, hay un claro abuso de los conceptos y una perversión de la misma terminología. Vayamos por partes. ¿Qué es eso de las macrogranjas?, ¿qué es una macrogranja? ¿Estamos hablando de una granja de gran dimensión? Una granja es una hacienda donde hay gente que tiene ganado y, normalmente, tierras de cultivo. Lo que llamamos macrogranja no tiene nada que ver con esto: es una fábrica de carne, de leche, de huevos. Hablamos de una industria con unas particulares cadenas de montaje, cuyo finalidad es producir el máximo posible en el mínimo tiempo posible. Y, en consecuencia, los empresarios no son ganaderos porque no trabajan con animales que pastan y andan en grupo, que eso es, estrictamente, el concepto de ganado. Pero, por otra parte, industria pecuaria no es lo mismo que ganadería intensiva.
Cuando se habla de intensividad se nos viene al magín unas naves con miles de animales, pero no siempre es así. Por ejemplo, las explotaciones ovinas de leche, aunque sean extensivas durante una época del año, suelen necesitar estabulación en otra, además de ser poco manejables para el ordeño si están en total libertad. Lo mismo suele pasar con las vacas de leche y aún más en los casos de avicultura o cunicultura. Pero para evitar desmadres productivistas o maltrato animal están las normas, que en el caso de la Unión Europea son muy estrictas. En Asturias los cupos lácteos llevó a algunos ganaderos de cuadra a reducir el número de vacas y el resultado fue un incremento de la producción por cabeza, gracias a la mejora del sistema de estabulación y a una racionalización del tiempo de trabajo del propio ganadero. Por otra parte muchas ganaderías que llamamos intensivas tienen un alto grado de autosuficiencia, acercándose a una economía circular.
Pero si hay algo inexplicable es la postura de Adrián Barbón, presidente de Asturias, que es el ejemplo de ganadería sostenible que puso concretamente y en varias ocasiones Garzón en su entrevista. Es más, la nueva política agropecuaria impulsada por la Unión Europea para los próximos cuatro años destina un 25 por ciento de las ayudas directas, aplicando el concepto de ecosistema, a medidas respetuosas con el medio ambiente. Con ello se pretende compensar a los agricultores y ganaderos que lleven a cabo prácticas sostenibles que vayan más allá de los requisitos obligatorios, lo que beneficia particularmente al modelo agroganadero asturiano, muy por encima de ninguna otra comunidad autónoma. Si algo caracteriza al gobierno socialista asturiano, al menos en el papel porque ya no sé qué pensar, es la defensa de la ganadería extensiva y la oposición a la ganadería industrial. Pero, en fin, el patriotismo de partido parece ser más fuerte que la lealtad a tu país y la fidelidad a tus propias ideas.
Otra cosa que me parece digna de mención es el silencio de la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, y de la ministra de sanidad, Carolina Darias, que son las más directamente interpeladas por Garzón, si es que queremos verlo así. En el lenguaje clásico del ecologismo siempre se diferenció entre los ministerios más depredadores, no necesariamente por su titular sino por sus competencias. Estos son obras públicas, fomento, transporte, agricultura, defensa... Y del otro lado están los ministerios ambientalistas: medio ambiente, sanidad, consumo, educación... Pues en este debate de hoy, sólo hemos escuchado a los ministros del primer grupo.
De todas formas esto no es nuevo en el PSOE. Cuando la tramitación de la ley de costas y la del plan hidrológico, así como las primeras transposiciones de las directrices ambientales europeas, sucedió lo mismo. Y sé de que hablo porque entonces formaba parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Gobernaba Felipe González y el ministro del ramo era Josep Borrell. La entonces secretaria de estado de medio ambiente, Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, fue desautorizada y descalificada por su propio partido sistemáticamente por su postura ecologista. Al final, fue cesada y tuvo que abandonar un gobierno que no era de coalición sino que, muy al contrario, tenía una cómoda mayoría. En el PSOE siempre hubo un fuerte antiambientalismo, una ligazón con los lobbies energéticos y agroindustriales y, al parecer, los sigue habiendo.
En la actualidad España es el tercer exportador mundial de carne de cerdo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Esta fiebre comercial, una verdadera burbuja, está dando lugar a la proliferación de grandes explotaciones que pertenecen a poderosas empresas que controlan el pienso, los animales y los estándares de producción. Aprovechando la situación, especialmente el desempleo y la despoblación, se instalan en pequeños municipios rurales, que, lejos de apoyar estas iniciativas, suelen oponerse mayoritariamente, aunque las expectativas están en consonancia con su escaso poder político y económico. Así, por ejemplo, las plataformas y asociaciones vecinales que forman parte de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, más de cincuenta entidades de siete comunidades autónomas, han mostrado su apoyo al ministro de consumo.
Pero hay que añadir algo más: en muchos municipios todos los grupos políticos, incluídos gobiernos del Partido Popular, se han pronunciado contra las macrogranjas. Y es que el resultado de este proceso es descorazonador: entre 1999 y 2013 desaparecieron 128.000 granjas familiares en España, el 71 por ciento del total. En los pueblos, lejos de aumentar el empleo, acaba disminuyendo, lo que provoca mayores pérdidas de población. A ello se suma una creciente contaminación de aguas y suelos, que obliga al abandono de las tierras.
Así las cosas, 142 municipios de Cataluña tienen problemas de agua potable debidos a la contaminación causada por los purines, mientras que en Orense, la provincia gallega más castigada por el paro, los bajos salarios, las bajas pensiones y la despoblación, la comarca de la Baja Limia sufre de eutrofización de sus ríos, haciendo imposible la agricultura y la ganadería tradicional a causa de los residuos de las grandes granjas. En estos pueblos, el Partido Popular se ha manifestado repetidamente en contra de esta ganadería industrial.
A ello hemos de sumar el maltrato animal: el 87 por ciento de los cerdos están encerrados en naves con suelos total o parcialmente enrejados y en las que no verán la luz del sol desde su nacimiento hasta su sacrificio.
En la Unión Europea los vientos de cambio son más que notables. El nuevo gobierno de los Países Bajos, con el liberal Rutte al frente, acaba de crear un ministerio contra la contaminación de la ganadería, algo que muchos políticos y periodistas españoles tomaría a chirigota, como si fuera una ocurrencia propia de un gobierno poco serio. A la vez, el gobierno pretende forzar el cambio hacia una producción ganadera menos intensiva, recurriendo, si fuera necesario, a la expropiación de las explotaciones que se resistan. De momento, continúa con el programa de subvenciones al cierre voluntario de grandes granjas porcinas iniciado por el gobierno anterior en 2019. Por su parte, el ministro alemán de agricultura, Cem Özdemir, declaraba recientemente al periódico "Bild am Sonntag" que el número de cabezas de ganado debería ser proporcional a la tierra disponible y que no se debe permitir que los grandes operadores cárcnicos sigan "dictando los precios y optimizando los márgenes". Y terminaba diciendo que la ganadería industrial "lleva a las granjas a la ruina, impide más bienestar animal, promueve la extinción de especies, contamina y cambia el clima". Para aplicar su política cuenta con la colaboración de Joachim Rukwied, presidente de la Asociación de Agricultores, y el respaldo de Greenpeace.
En este contexto, las opiniones dadas por Garzón al diario The Guardian han sido lluvia sobre mojado. Hace un tiempo recibió ataques como los actuales cuando recomendó reducir el consumo de carne por razones medioambientales y de salud, cuestión íntimamente ligada a la polémica abierta en este momentro. Entonces, como ahora, el ministro no hizo más que decir lo que los científicos, la OMS, el Panel de Cambio Climático de la ONU y todos los que saben algo del asunto llevan afirmando desde hace años. El caso es que el consumo de carne en España es de 99 kilogramos por persona y año, mientras que, por ejemplo, en Alemania, el país de las salchichas, es de 78. Según el último estudio nutricional de la Sociedad Española de Cardiología, uno de cada cinco españoles sufre obesidad y uno de cada tres sobrepeso, con lo que más de la mitad de la población come en exceso y se alimenta mal.
Siguiendo con la comparación que traíamos, el ministro Özdemir decía que también más de la mitad de los alemanes tiene sobrepeso, culpando al exceso de azúcar, grasa y sal, sobre todo en los productos precocinados. En julio de 2021, una comisión de ecologistas y agricultores alemanes había llegado a esa misma conclusión y proponía, entre otras cosas, reducir el consumo de carne y aumentar la protección del clima. Y en la entrevista ya citada, el ministro era tajante cuando decía: "los políticos han intentado durante demasiado tiempo que la industria reduzca estos ingredientes con compromisos voluntarios. Eso ya ha terminado. Conmigo habrá objetivos de reducción vinculantes".
Por lo que respecta a la postura de los ciudadanos, las últimas encuestas fiables, las realizadas inmediatamente antes de la pandemia y los cambios cotidianos obligados por la misma, mostraban que en España hay una elevada preocupación por el medio ambiente, y sólo ligeramente superior en la izquierda que en la derecha. Así, el 76 por ciento de los españoles aseguraba haber efectuado cambios en la compra o en el uso de productos y servicios por la preocupación por el cambio climático, de los cuales el 41 por ciento decía haberlo hecho en la alimentación.
El problema es global y nuestro modelo de consumo no hace sino incrementarlo. Hay tres leyes insoslayables de la naturaleza que nuestro sistema económico ha olvidado o nunca ha querido tener en cuenta: todo está relacionado con todo, todo va a alguna parte y nada puede crecer indefinidamente. Tomemos unos cuantos datos de un reciente estudio de Friends of the Earth. Así, producir un kilogramo de carne supone el consumo de 15.000 litros de agua y la emisión de 17 kilogramos de C02, mientras que uno de lentejas consume 5.000 litros de agua y emite 700 gramos de CO2; y esa comida, para llegar a nuestra mesa, recorre una media de 5.000 kilómetros. En total, la emisión de gases de efecto invernadero generada por la ganadería industrial es la misma que la generada por el transporte mundial, un 14 por ciento en ambos casos. Por último, el 70 por ciento de la deforestación del planeta se debe a las grandes extensiones dedicadas a cultivo de maíz y soja, la base de los piensos, lo que obliga, poniendo un caso, a 9.000 familias paraguayas a abandonar cada año su hogar porque no queda espacio para cultivar los vegetales o mantener los animales de los que se alimentan.
Estamos inmersos en un cambio radical de modelo económico y ambiental y, frente a ello, podemos optar entre patalear o discutir acerca de cómo hacerlo lo mejor posible, pero, de seguir pataleando, no esperemos que los ríos vuelvan a discurrir limpios. El debate, demasiado agrio y tan descabellado como suele ser en España, provocado por unas declaraciones tan simples como las del ministro Garzón, nos recuerda a Leopardi cuando escribía que nada nos produce mayor desasosiego que el darnos de narices con lo que siempre habíamos sospechado que era verdad. Mientras aceptamos, incluso preocupados, las informaciones sobre el desastre ecológico que se nos viene encima, consentimos que no se haga nada e incluso criticamos como banal a quien, al menos, apunta algo de lo que se debería hacer.
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