"El Reino Unido lleva camino de convertirse en un estado gamberro"


 

Alejandro Fonseca: Siguiendo con esta tarde tan europea, vamos a hablar con un economista conocido de los oyentes, David Rivas, sobre el brexit. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal?

David M. Rivas: Muy bien, Fonseca, aquí, en casa, en la aldea.

A.F.: El brexit, esa salida del Reino Unido con



acuerdo, que lo tenía, que luego no lo tuvo, y que parece una telenovela desde hace un año o más. Creíamos que se había llegado a un acuerdo pero Boris Johnson, que no es que sea el dueño de Gran Bretaña pero lo parece, ahora dice que no a lo que había dicho que sí hace poco más de tres o cuatro meses. Esto va a traer problemas, ¿verdad?

D.M.R.: Creo recordar que la última vez que hablamos sobre este asunto fue precisamente cuando se llegó al acuerdo y yo ya valoraba como algo muy negativo la ruptura, aunque fuera pactada.

A.F.: Sí, es cierto.

D.M.R.: El acuerdo para la salida del Reino Unido entró en vigor el 31 de enero de este año. El Reino Unido dejaba de ser miembro pero, para evitar una verdadera catástrofe económica, lo prorrogaron hasta el 31 de diciembre. De esta manera, el Reino Unido dejaba de tener diputados y comisarios, pero seguía contribuyendo al presupuesto común, seguía sometido a las leyes europeas y seguía gozando del paraguas de la Unión Europea, además de continuar en el mercado común. Iba a haber una revisión del acuerdo en junio pero, a causa de la pandemia, el asunto se trasladó a septiembre. Es decir, que los problemas que se hubieran planteado en junio se trajeron a septiembre, aunque matizados y ampliados. Sin embargo, ha habido un desinterés general por la cuestión, seguramente porque la pandemia de la covid lo dejó todo en un segundo plano y lo sigue dejando, de forma que la opinión pública casi se ha olvidado del brexit. Es lo mismo que, a nivel doméstico, nos ha sucedido con el conflicto catalán, que parece que dejó de existir, cuando la verdad es que se encuentra en el punto donde se encontraba y que, si algo ha cambiado, es el pleito abierto entre los partidos nacionalistas. Pero la situación sigue igual de empantanada, por más que la pandemia la haya orillado, seguramente porque es cierto que se trata de una cuestión mucho más importante, ecosistémica. Pero en estas cosas y en otras el mundo sigue girando y las personas afrontamos una multiplicidad de problemas.

A.F.: Bueno, la gente piensa eso a veces guiada por nosotros, los medios de comunicación, que en su mayoría han dejado de hablar de cualquier cosa distinta al coronavirus.

D.M.R.: Sí, es verdad, y especialmente si tiene como paisaje la Comunidad de Madrid.

A.F.: También eso es cierto.

D.M.R.: Pues resulta que el problema es más peliagudo de lo esperado. En este tiempo Johnson impulsó la ley de mercados, que es una verdadera violación de la legislación internacional, con lo que, a mi parecer, Bruselas se ha resignado a un cierre a la brava y a acudir a los tribunales.

A.F.: ¿Tan mal está la cosa?

D.M.R.: Si atendemos a cómo se fue negociando hasta hace unos meses y a cómo se trabaja a día de hoy, vemos con claridad que la situación ha empeorado notablemente. A veces se piensa que una negociación sin ruptura previa o con un horizonte temporal para esa ruptura garantiza una negociación más cómoda, es decir, que con un Reino Unido dentro de la Unión durante un año y con posibilidad de abrir nuevas prórrogas de mutuo acuerdo, las cosas serían más fáciles. Y debería ser así. De hecho, lo normal es que las cosas sean así. Pero estamos hablando de firmar un acuerdo de libre comercio y eso no es negociar un cupo de recepción de refugiados o repartir fondos estructurales. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá llevó cinco años y fueron casi diez lo que llevó el firmado con Australia. Tenga en cuenta que hay que discutir miles de rubros y, a veces, negociar uno por uno. Después debe ser aprobado por la Unión Europea y por el parlamento británico, y también por 27 parlamentos más, con sus nuevas discusiones y sus peculiaridades. Incluso podría darse el caso, eso yo no lo sé porque no soy experto en derecho constitucional y menos del de 26 países, que del español algo conozco, que en algunos casos haya que recurrir a un referéndum. Es que la ley de mercados de Johnson pone a la Unión Europea ante una situación muy complicada: a escasos kilómetros de sus costas aparece una potencia competidora, una gran potencia económica además, con ayudas públicas abusivas, con una bajísima fiscalidad, con un horizonte de desregulación y de reducción de los derechos laborales, con una política ambiental de las peores del mundo desarrollado… ¿Debe aceptar todo eso la Unión Europea, sus ciudadanos, sus trabajadores, sus empresarios? ¿Puede aceptar como aliado, aunque sea con una laxa libertad de comercio, que pone en riesgo los programas de tansición energética, lucha contra el cambio climático, reestructuración económica en definitiva?

A.F.: ¿Por qué el asunto de los caladeros pesqueros es tan importante, según vemos en todos los medios de comunicación?

D.M.R.: Es muy importante para España, la única potencia pesquera de la Unión Europea. A día de hoy son unos 115 barcos de bandera española faenando en caladeros británicos, unos caladeros que representan la mitad de las aguas pesqueras actualmente comunitarias. En esas aguas, el caladero atlántico nordeste, la flota pesquera española captura casi diez mil toneladas al año. La iniciativa de Johnson, de progresar, podría acarrear más de diez mil puestos de trabajo. Por eso se habla tanto de ello. Pero hay otro elemento que no es de menor importancia: la ley de pesca sostenible preparada por la Unión Europea para la década viniente dejaría de estar vigente en esos caladeros. Tampoco debemos olvidarnos del Atlántico sur, el caladero de las Malvinas, muy importante para la flota gallega.

A.F.: El caso es que en las últimas semanas todo ha ido a peor.

D.M.R.: La ley de mercados significa romper el acuerdo de salida del 2018, pero también el acuerdo de la frontera irlandesa e incluso el acuerdo de viernes santo, lo que llevaría a una peligrosa situación al Reino Unido y a la república de Irlanda, miembro de la Unión Europea. El Reino Unido ha roto con la legislación internacional y, si en lugar de ser quién es, estuviera en otras latitudes y con otra cultura e historia, sería calificado como estado gamberro. Sólo nos cabe una duda: si esto será una bravuconada más de Johnson o si juega en serio. Hasta ahora ir de matón le ha salido bastante bien. Y en este asunto nos enfrentamos a un problema añadido, todos, pero especialmente los británicos: el Reino Unido no tiene constitución. Al no tener ley escrita, toda su reputación se ha venido basando en su palabra. El Reino Unido siempre ha sido fiable en los acuerdos internacionales porque se veía obligado por lo firmado. Por eso es, históricamente, paradigma de cinismo y de diplomacia, porque miraba muy bien qué prometía. Tal vez el caso más claro es cuando declaró la guerra a Alemania para responder al tratado con Polonia, en un momento en el que Londres estaba solo, sin aliados, y frente a un enemigo que, en principio, era muy superior. El Reino Unido había prometido defender la independencia polaca y cumplió su promesa. Eso unió sentimentalmente a la población con su rey y con su gobierno. Pero, hoy, ¿qué ofrece Johnson?: desunión e incertidumbre. Por eso, por mucho que la Unión Europea hable de acudir a vías judiciales, el problema no es legal sino político, y de gran hondura política, de gran hondura de filosofía política. Y es un problema político en lo externo al Reino Unido, el que nos da al resto de los europeos, pero también interno. Hace unos días los parlamentos de Gales y de Escocia empleaban los mismos términos, cuando decían que Johnson estaba socavando la democracia. Y el de Escocia iba un paso más allá, hablando de un ataque a la transferencia de poderes. Es más, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, tildó a Johnson de tipo temerario, incompetente y sin principios. Y dijo más, soltando una frase que se puede traducir perfectamente de cara a un futuro no muy lejano. Dijo, textualmente, que “Escocia puede hacerlo mejor y tendremos la oportunidad de hacerlo”. Como nos recuerdan las escrituras, “el que tenga oídos que oiga”. Y vamos más allá: los cinco premier vivos, tanto laboristas como conservadores, han pedido a Westminster que no apruebe la ley de mercados. Y por lo que respecta a la Unión Europea, ninguno de los 27 miembros lo admite, ni el más euroescéptico de los gobiernos. Por último nos queda el caso singular de Irlanda. Dublín exige que, conforme lo acordado, Irlanda del Norte siga en el mercado común. Tenga en cuenta que con la ley de Johnson, sólo cabe una alternativa: o una frontera entre la república de Irlanda e Irlanda del Norte, o una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Eso es un desastre. Y no olvidemos que la actual vicepresidenta del parlamento europeo y responsable de servicios financieros es la irlandesa Mairead McGuinnes.

A.F.: Por eso esa es la parte más complicada del acuerdo y, por lo que dice, profesor, seguimos en la misma situación o en una peor.

D.M.R.: Ya les comentaba yo hace unos meses que la marcha hacia el 31 de diciembre va a estar condicionada en buena medida por el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Si gana de nuevo Trump, posiblemente Johnson se envalentone y se atreva a ir a la ruptura total sin atender a razones. Por el contrario, si gana el tándem Biden-Harris, las cosas pueden variar, porque los demócratas, viéndolo desde su propio país, están horrorizados con lo que está pasando en las relaciones internacionales, hasta el punto en que ese es uno de sus puntos fundamentales para plantear estas elecciones como un debate directo entre democracia y dictadura, además de los asuntos raciales, la pobreza y la desigualdad, la gestión de la pandemia… Seguramente los republicanos se comportarían igual en las relaciones internacionales, particularmente con sus aliados, pero no con un líder como Trump. Hay, además, un elemento importante: Irlanda, aún siendo un país pequeño con una economía débil, tiene mucho peso históricamente en Washington. El lobby irlandés es muy potente en Estados Unidos, sobre todo en el entorno del Partido Demócrata.

A.F.: ¿Qué repercusiones económicas puede tener esta gamberrada del Reino Unido, aunque la definamos así, con esta expresión coloquial?

D.M.R.: Lo de la gamberrada no es tan coloquial como parece. Desde hace muchos años se ha calificado como estados gamberros a aquellos que se saltan a la torera cualquier acuerdo internacional, como fueron los casos de Libia, Irán, Corea del Norte, Irak y alguno más. Y no sólo es un problema de la ideología o de la posición de Estados Unidos porque, por ejemplo, Cuba nunca fue calificada de esta forma porque, pese a sus problemas con su poderoso vecino, siempre respetó las leyes internacionales y nunca amenazó a otros países. Va afectar mucho al mercado agrícola, además del asunto de los caladeros, y, dentro de Europa, va a afectar mucho a España, a Francia y en menor medida a Italia. No hay que olvidar que otra gran potencia agrícola del mundo desarrollado es, precisamente, Estados Unidos, con un acuerdo comercial con el Reino Unido que está vigente y muy consolidado. Otro epígrafe comercial muy perjudicado será el turismo, lo que sucede es que este sector está más atento a la incertidumbre de la covid porque no sabemos qué va a pasar en 2021, si habrá vacuna, si las circunstancias van a cambiar. Esto afecta a cualquier previsión a corto plazo a la circulación de personas, es decir, al transporte, al turismo, a los movimientos profesionales… Si en 2021 estuviéramos en una situación de normalidad o, al menos, de post-anormalidad, notaríamos el enorme impacto sobre el turismo de la posición de Johnson. Sin ir más lejos, hoy no sabemos si el primero de enero los aviones podrán volar entre la Unión Europea y el Reino Unido o qué va a pasar con el túnel del canal. No sabemos, y estamos ya a tres meses, qué va a suceder con los europeos que residen en el Reino Unido y con los británicos que residen en la Unión. Hay tres formas de llegar a un acuerdo comercial: la de Noruega, que prácticamente pertenece al mercado común europeo, la de Canadá, que es una cosa intermedia, y la de Australia, que es la preferida de Johnson. El convenio con Australia depende, en caso de conflicto, de un arbitraje y, en último término, de la Organización Mundial de Comercio. La característica del modelo australiano tiene dos patas: el comercio y la inmigración. De aplicarse este modelo, el arancel, en caso de conflicto, lo acabará imponiendo la OMC, que siempre será más elevado que el que actualmente se deriva del acuerdo de 2018 firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Eso supondría un notable encarecimiento de las exportaciones de aquellos países que más lo hacen con el Reino Unido, como es el caso de España. Es que a veces nos olvidamos de que el turismo británico se contabiliza como exportación. Y por lo que respecta al asunto de la inmigración, no sólo estamos hablando de la circulación de personas entre la Unión y el Reino Unido. No sólo hablamos de los trabajadores europeos en, sobre todo, Inglaterra y Escocia, como los sanitarios españoles o los trabajadores de más baja cualificación de siete u ocho países, sino también todos los que trabajan en programas de investigación, los estudiantes del programa Erasmus… Pero es que, si no hay un acuerdo como el que se firmó y Johnson pretende violentar, la Unión Europea, hasta ahora frontera de entrada de la inmigración extracomunitaria, seguirá siéndolo y, además, será frontera de salida, con Francia como esa frontera de salida. A la frontera inmigratoria europea, que hoy está en el sur de España y de Italia y en la línea marítimo-terrestre de Grecia, Bulgaria y Hungría, se le añade una nueva en el canal de la Mancha. Ese es un problema muy serio y que Johnson tal vez no ha previsto: ¿y si Francia abre sin restricciones esa frontera de salida? También habrá un impacto importante en el flujo de capitales. De hecho, el país que más contento estaría con un triunfo de Johnson es Suiza. Porque, si cualquier disputa acaba en un tribunal de arbitraje, su posición de paraíso fiscal se refuerza. En los últimos años, como hemos visto en los procesos de corrupción en España, la Unión Europea ha ido forzando a Suiza, que se ha visto obligada a flexibilizar el secreto bancario, ha tenido que aportar documentación a los tribunales y otras cuestiones de este tenor. Ahora, si el Reino Unido, miembro de la Unión, la abandona con los criterios de Johnson, la Confederación Helvética encuentra un nuevo apoyo en la legalidad internacional.

A.F.: El tiempo se nos acaba, profesor Rivas, nos falta un minuto para las noticias de las siete.

D.M.R.: Quisiera, entonces, hacer un último apunte. Es posible que, paradójicamente, la pandemia nos permita un punto de optimismo y que el loco de Boris Johnson no nos arrastre a todos, también a los británicos, fundamentalmente a los británicos, al abismo. El gobierno de Johnson, con sus posturas, amenazaba a Bruselas con lo que más aterroriza a Europa desde la segunda guerra mundial: la inestabilidad. Pero la pandemia, con los confinamientos, con caídas del PIB trimestral del veinte por ciento en casi todos los países, la sombra de una recesión peor que la de 2008, ha llevado a la Unión Europea a poner en un segundo plano al brexit, porque ha dejado de ser su principal problema. Es decir, ha perdido el miedo, lo que debilita a Johnson y su matonería, y permite a la Unión rearmarse en su posición y no ceder.

A.F.: Bueno, una extraña forma de reforzar la Unión y que personas como el profesor David Rivas, militante europeísta desde hace mucho tiempo, tratan de difundir y que, ojalá lo logren, lo logremos. Muchas gracias por sus siempre atinadas observaciones.

D.M.R.: A ustedes, Alejandro Fonseca. Un abrazo.    

              

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